Recuento de un drama institucional en la UP

LeoLa Universidad Popular es una institución que fue fundada por un grupo de intelectuales y estudiantes de la Universidad de San Carlos durante la década de 1920, entre los que figuraban Porfirio Barba Jacob y el mismo Miguel Ángel Asturias. Durante esa época fueron creadas muchas universidades populares a lo largo de América Latina con el interés de abrir un centro de estudios destinado a la población obrera y trabajadora que no tenía acceso a la educación formal. Esta institución, que había sido fundada entre 1922 y 1923, funcionó por nueve años bajo el auspicio de la Secretaría de Instrucción Pública hasta que fue cancelada en 1932 bajo la dictadura ubiquista, enemiga del progreso. Sin embargo, en 1946 bajo el gobierno de Juan José Arévalo y durante el corto período democrático de Guatemala, abrió de nuevo sus puertas. Desde entonces se creó la Academia de Arte Dramático, uno de los principales semilleros del movimiento teatral que se generaría algunas décadas después.

La sala de teatro de la Universidad Popular, llamada Manuel Galich en honor a nuestro reconocido dramaturgo, vió la luz hasta 1962 gracias a la iniciativa del maestro Rubén Morales Monroy, quien tenía a su cargo la dirección de la Escuela de Arte Dramático y la Secretaría General de la institución. Desde entonces esta sala se ha especializado en presentar puestas en escena de corte popular y que reflejan la idiosincrasia del guatemalteco. El edificio que ocupa el teatro y la academia, además, fueron declarados Patrimonio Cultural por el Acuerdo Ministerial 328-98 y por los Decretos Legislativos 26-97 y 81-98 de la Ley para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural.

A pesar de todas las vicisitudes históricas que ha enfrentado a lo largo del tiempo —como lo fueron las persecuciones políticas en el momento más álgido del conflicto armado—, esta institución no ha dejado de funcionar desde su reapertura y, específicamente en la disciplina teatral, se ha convertido en uno de los principales referentes de la formación de artistas, así como uno de los centros culturales del país con una producción teatral prolífica.

No obstante, pareciera que el prestigio que esta institución ha forjado hoy es puesto en la balanza por un grupo de estudiantes desconformes, quienes han comenzado un movimiento en el que denuncian una serie de hechos abusivos por parte de las actuales autoridades. El domingo 20 de agosto estos estudiantes cerraron la 10 calle entre 10 y 11 avenidas de la zona 1 de la ciudad de Guatemala y llevaron a cabo un festival cultural frente a las puertas cerradas de la institución. Aunque tuvo poca afluencia, el festival se desarrolló en presencia de algunos artistas invitados que asistieron ante una convocatoria previa.

Según dijeron, este grupo de estudiantes habían sido expulsados cuando protestaron ante una serie de cambios que las autoridades del establecimiento venían haciendo, entre ellos, un aumento desmedido de las cuotas mensuales y del pago de matrícula, con lo que se perdía su misión institucional y quedaba convertida en una academia privada a la que solo podrían asistir pequeñas elites que pudieran costearse los estudios. También reclamaban, entre otras cosas, deficiencias en el personal docente, el cual según ellos es cambiado de manera regular sin tomar en cuenta criterios pedagógicos ni calidades artísticas. Otro de los aspectos en los que puntualizaron fue que no les permitían el uso de las instalaciones del teatro y que las clases las recibían en espacios poco adecuados para su labor, además de que no se les tomara en cuenta para participar en las temporadas de la compañía teatral. Se quejaron también del cierre del plan diario de la academia, que ahora queda reducido a los fines de semana. Ante esta situación, en reiteradas ocasiones solicitaron ver los estatutos de la institución y, según dijeron, este fue el motivo principal de la expulsión.

Aunque este movimiento ha desatado distintas opiniones y puntos de vista entre la comunidad teatral, tiene un fuerte apoyo por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos y un grupo de exalumnos inconformes y docentes que fueron despedidos años atrás, quienes, además, han contado otras historias de abusos y de corrupción cometidos en la institución, entre ellas la disolución del Consejo Directivo por parte de Rodolfo Mejía Morales, Secretario General que sucedió a Morales Monroy y padre de la actual Directora de la Compañía de Teatro, con la finalidad de convertir la institución en un negocio familiar. También se habló del poder que han tomado ciertas personas que mueven a su antojo el Consejo Directivo. Sin embargo, y más allá de los rumores, no se pueden emitir denuncias formales al respecto si no se cuenta con pruebas que las respalden.

En su defensa, las autoridades de la Universidad Popular hicieron ver que el aumento de las cuotas se debe a la misma inflación y mostraron un petitorio que presentaron los estudiantes en el que solicitaban al Consejo Directivo que consideraran su reinscripción puesto que no habían sido inscritos en la fecha, y negaron bajo toda circunstancia que se les haya expulsado o que no se les quiera inscribir. Para dejar muy claro que no se les está negando el derecho de educación, fueron muy puntuales en aclarar que la solicitud está todavía pendiente de ser revisada por el Consejo Directivo. Además, aclararon que la institución no se podía privatizar porque ya existía como una institución privada pero sin fines de lucro. Y aunque explicaron la existencia del Consejo Directivo y la de un representante legal, no supieron explicar qué persona individual o colectiva fungía como propietaria. El cuestionamiento sería cómo —siendo una entidad con 95 años de existencia, creada por un grupo de intelectuales para favorecer la educación entre los obreros y trabajadores y con el visto bueno de la Universidad de San Carlos, y habiendo sido subsidiada por el Estado en el pasado— pasó a convertirse en una entidad privada. Y de ser privada, qué persona, individual o colectiva, funge como propietaria, porque ciertamente ni la Secretaria General ni el Consejo Directivo ni el representante legal pueden investirse como propietarios. Además habría que aclarar quién es el propietario del inmueble —que incluye el teatro y la escuela (que además fue declarado como Patrimonio Cultural), el gimnasio y el edificio que arrendan al Estado— en el Registro de la Propiedad, con la finalidad de esclarecer si dicho propietario es también el propietario de la institución o si simplemente arrenda estos locales.

Si en verdad desean curarse de espantos —y por salud al público en general—, las autoridades de la Universidad Popular deberían rendir cuentas y dejar bien clara su situación, no solo ante sus estudiantes, sino también ante la comunidad teatral y la población en general. Y rendir cuentas implicaría no solo aclarar su situación legal, sino también la ejecución de una auditoría que demuestre el balance entre sus ingresos y egresos. Solo así podrán curarse en salud. Al final, los rumores, rumores son; y quien nada debe, nada teme.

¿Quién es Leo De Soulas?

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