Los que sufrimos somos los hijos

2017-05-20-08-59-03-726Nicaragua vive una ola de femicidios astutamente oculta entre las altas estadísticas de mujeres partícipes en el gobierno: la ley 779 (que se va reformando a conveniencia de los agresores), y la reciente condena de 5 años en prisión para el hombre que acosó sexualmente, de manera física y verbal, a dos jóvenes en la vía pública.

Todo parece pintar mejor para las nicaragüenses si ignoramos a las más de 30 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, ex parejas, suegras y grupos religiosos a lo largo de 2017. Ellas han sido apuñaladas, violadas, enterradas vivas, macheteadas, tiradas a cauces, torturadas y hasta quemadas. Hablo de niñas, adolescentes, jóvenes, embarazadas y hasta ancianas. Sus cuerpos mutilados se exhiben con el rostro emborronado en los medios de comunicación, mientras persisten el morbo de la gente y las declaraciones llorosas de sus familiares.

Según estudios del Observatorio Contra el Acoso Callejero, en Nicaragua 9 de cada 10 mujeres, sin importar su edad, son acosadas sexualmente en las calles. Además, tenemos una de las tasas de embarazo adolescente más alta del mundo. Muchas de estas madres ni siquiera son adolescentes, sino niñas, víctimas de violación o estupro. Muchas viven las agresiones sexuales de parte de su propio círculo familiar y allegados; otras han sido totalmente desprotegidas frente a un entorno hostil en el que reina el machismo, imponiendo temor y silencio.

El aborto, por supuesto, está penalizado. Desde 2006 no hay aborto terapéutico que valga. Y si llega a realizarse es porque hay suficiente dinero y complicidad entre la abortista y su gineco-obstetra.

En este contexto social se dio el retiro de custodia de una mujer por “inculcarle sentimientos de odio contra su padre” a su hija de cinco años. Se presentaron como evidencia 13 audios en donde se escuchaba a la madre obligar a su hija a repetir frases ofensivas, deseándole la muerte a su padre mientras la menor lloraba, negándose. Además de retirarle el cuido de su hija, el juez Diego Manuel Arana Castillo ordenó a la madre depositar 25% de sus ganancias en la caja única del Ministerio de la Familia para la pensión de la niña. Esta demanda fue presentada por el padre de la menor en abril recién pasado.

Hasta el momento, todo parece bien: esta mujer manipuladora, que utilizaba a su niña para manipular al padre, tendrá su merecido. No podrá ejercer el rol de madre que tradicionalmente le correspondería, y además tendrá que aportar un porcentaje nada despreciable de sus ganancias para que su ex pareja cuide de la menor. Hasta pareciera que debe agradecer que no la echaran presa.

Pero hay algo que la mayoría de los comentaristas de la nota que La Prensa publicó este 15 de agosto pasa por alto, y es lo siguiente:

En su defensa, la demandada argumentó que su aún esposo la demandó como forma de presión para que ella retire la acusación penal por violencia psicológica, física y patrimonial que interpuso contra él en los Juzgados de Violencia.

El judicial dijo que no duda de la violencia sufrida por la demandada, lo que le ha causado un severo daño emocional, “pero esto no la autoriza a instrumentalizar a su hija y hacerla partícipe del odio y deseo de venganza contra su esposo por su infidelidad”.

Este padre “amoroso” al que no le pesa la mano para denunciar que su ex pareja, está inculcando el Síndrome de Alienación Parental a su hija, el cual causa trastornos como “sensación de shock, miedo intenso, profunda confusión y consecuencias negativa a nivel psicoemocional y conductual” (Segura, Gil y Sepúlveda, 2006) En resumen, es otro maltratador.

Al preocupadísimo padre le pesa una demanda por violencia intrafamiliar contra la madre. Las relaciones son tan tensas entre ambos que la mujer opta por denunciarlo, finalmente, por su violencia triple (física, emocional y patrimonial). Pero el otro tiene como as bajo la manga reinstrumentalizar a la niña para que el juez no lo envíe al sitio en que corresponde un abusador intrafamiliar, la cárcel.

Una vez más vemos cómo la justicia nicaragüense pone lentos los casos en donde la mujer denuncia la violencia, pero que se acelera y voltea en su contra cuando el hombre tiene con qué replicar. En este caso optó por “el fuego contra el fuego”, y dio una vuelta de hoja a la acusación.

El juez tiene su parte de razón al argumentar que, a pesar de que el padre esté enfrentando estas demandas, no existe justificación para que la madre haga partícipe directa a la niña de la relación tóxica entre ambos. Tanto la madre con su rencor como el padre con sus golpes, ofensas verbales y negación de patrimonio están dañando gravemente a la niña. Ella está viviendo un infierno psicológico en donde la ansiedad se está apoderando de su joven mente, causando daños psicoemocionales irreparables.

Según el estudio sobre violencia intrafamiliar realizado por Hernández y Limiñana en 2005 para la revista Anales de Psicología, los hijos que crecen en hogares violentos presentan más conductas agresivas, antisociales, de inhibición y/o miedo. Su rendimiento escolar se ve muy afectado debido a la ansiedad, depresión y síntomas traumáticos con los que deben convivir sin asistencia ni ayuda de ningún tipo.

Otra de las consecuencias de la violencia intrafamiliar consiste en problemas clínicos de conducta que son más notables si llegan a manifestarse como agresividad. Sin embargo, también se expresan en comportamientos antisociales, ansiosos y/o depresivos.

La dramática separación que está viviendo la pequeña entre sus padres, los constantes juicios, la exposición a pleitos en donde median los golpes y las ofensas deja a clara vista que ninguno de sus progenitores es mejor que el otro.

Ninguno de ellos, con su conducta violenta, está capacitado para educar a un niño como lo necesita, es decir, rodeado de un ambiente en donde su seguridad y estabilidad emocional sean prioridad. Están demasiado ocupados en destrozarse el uno al otro como para volver la cara a su chiquita y preocuparse por el daño que ambos le están causando.

Señor Arana Castillo, juez del Distrito V de los juzgados de Managua, le hago una súplica: quítele la custodia a ambos padres y mándelos a atención psicológica urgente, a deconstruir sus modelos de relación basados en el odio y el machismo. Hágalos conscientes de sus errores de crianza y sólo hasta que hayan llorado para pedir perdón –y con el aval de un especialista en salud mental– permítales que vuelvan a ver a su hija.

Sálvela de convertirse en una futura víctima de la violencia machista, es decir, en un ser humano emocionalmente frágil, cargando con la herida permanente de un pasado del que se siente culpable y del cual no podía tener control. Remuévala de esta posición totalmente vulnerable a la manipulación psicológica y emocional que le inculca los modos de relacionarse que modelan sus padres.

Los culpables de su enfermedad mental serán ustedes: sus padres, la resolución desbalanceada del juez y la indiferencia de la sociedad. Pero aún están a tiempo para reflexionar.

¿Quién es Solange E. Saballos?

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