Hasta ahora hemos visto cómo la entrada del capital transnacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hizo que una facción de la élite hondureña acumulara recursos suficientes para incrementar su hegemonía, desplazando poco a poco a la facción tradicional que dependía de la tierra como fuente de poder. Un estancamiento durante el período de la dictadura de Carías Andino (1933-1949), producto de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, dio un respiro a la facción tradicional, perdiendo luego su hegemonía cuando la tendencia se revirtió a favor de la facción moderna, a partir del gobierno de Gálvez y Lozano, y las reformas estructurales a la economía que se intensificaron a partir del período democrático (1982-2009), con las políticas económicas para Honduras de la era Ronald Reagan.
El narcotráfico, para prosperar, requiere de un acuerdo con quien en la práctica ejerce el control del territorio, ya sean estos militares —como lo fue hasta la década de 1980—, contras —durante la guerra antisandinista— o civiles —a partir de la década de 1990. El Plan Colombia empujó a los narcotraficantes colombianos a buscar nuevas rutas en México, así como la Iniciativa Mérida movió a los carteles mexicanos hacia Centroamérica.
En las democracias modernas, quien tiene el capital para campaña accede al control de las estructuras del Estado, claves para favorecer a su sector de clase. La relación con el capital transnacional y Estados Unidos hizo que la facción de la élite hondureña moderna acumulara poder, favoreciendo sus intereses desde las estructuras del Estado. Ese equilibrio se vio afectado con la crisis financiera de 2008 (como ocurrió en la Gran Depresión de 1929), que impidió que la facción moderna accediera al capital de los bancos internacionales al tiempo que el capital del chavismo, producto de los altos precios del petróleo, favorecían a la facción tradicional de la élite.
Fueron esa alteración en el equilibrio que como facción había gozado la élite moderna desde el gobierno de Gálvez (1949) producto de la crisis financiera de 2008, y la iniciativa Mérida que se recrudeció en México a partir de 2005, las que crearon las condiciones para esa alianza entre facción tradicional y narcotráfico que aún persiste.
El golpe de Estado de 2009 tuvo un alto costo político para la facción moderna. Elvin Santos, representante de esa facción, estaba proyectado como ganador de las elecciones de 2009, pero el temor —justificado— de un cambio a la Constitución de la República (creada por la facción moderna en 1982) a través de una constituyente que les desplazara definitivamente del acceso al poder, obligó a la facción moderna a actuar con asistencia de los militares.
Si vemos a los sectores que apoyaron el golpe de Estado de 2009 reconoceremos, con nombres y apellidos, a los principales representantes de la facción moderna de la élite de ambos partidos en escena (Liberal y Nacional), así como de la empresa privada y grupos de sociedad civil. A la vez, la élite tradicional (antes adversa a los sectores populares) se alió con aquellas categorías sociales más afectadas por las políticas neoliberales. El narcotráfico, nuevamente, favoreció la alianza con quien en la práctica ejerciera el control del territorio.
El golpe de Estado de 2009 marcó un nuevo clímax en las tensiones inter-clase de la élite hondureña. Para su subsistencia, las élites necesitan el control del Estado: quien controle el Estado acumula capital. En las elecciones generales de 2009, cuando el sector de la élite tradicional del Partido Liberal se rehusó a participar en los comicios, dieron en la práctica la victoria a la facción tradicional del Partido Nacional. La facción moderna, independiente del partido político y agrupada a favor del golpe de Estado, fue desplazada por los sectores conservadores del cachurequismo, más cercanos entonces a la figura (tradicional) de Tiburcio Carías Andino que al sector «reformista» (moderno) de Zúniga Agustinus y Callejas Romero.
Finalmente, Juan Orlando Hernández, representante también de la facción tradicional, se hizo de la presidencia en 2014 y, al igual que los dos anteriores presidentes, también con ayuda financiera del narcotráfico. Con Hernández vemos ahora cómo la facción tradicional de la élite ha logrado posicionarse en el control de los recursos del Estado, estableciendo cambios en la legislación para garantizar esa hegemonía necesaria para enfrentar, política y económicamente, a la facción moderna, políticamente debilitada después del golpe de Estado.
Eso no quiere decir que ni la facción tradicional ni la facción moderna tomen medidas a favor de las clases desposeídas del país. Ambas facciones pelean el acceso a los recursos del Estado hondureño en favor de sus respectivas facciones de clase.
Llegar a este punto de fricción entre las élites hondureñas nos ha tomado 140 años de historia y seguramente no terminará pronto; pero solo entendiendo las razones económicas de fondo podremos saber qué acciones tomar como país para salir del narcoestado.
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