Con el título «Una ciudad feminista es posible», el medio independiente digital El Surti plantea una utopía: en el cercano 2030 las municipalidades de Asunción, Gran Asunción y otros municipios de Paraguay implementan «un plan para adecuar las ciudades a las necesidades de todas las mujeres». La imaginación pinta un escenario en el que «intendentes, concejales y autoridades del gobierno central entendieron que el diseño de las ciudades profundiza desigualdades como la de género. También que esto se puede cambiar con políticas públicas centradas en el cuidado».
El texto narra que una de las prácticas principales para que este plan funcione en ese futuro casi a dos pasos eran-serán las «audiencias públicas con niñas, estudiantes, madres, embarazadas, bañadenses, adultas mayores, mujeres lesbianas, trans, con discapacidades y trabajadoras sexuales para conocer sus prioridades».
Mi primera lectura —muy superficial— de la nota, me llevó a preguntarme qué significa que un lugar sea feminista. ¿No es un requisito mínimo tener espacios habitables, decentes y sin violencia? No había entendido lo obvio. El feminismo ha insistido en lo obvio desde sus orígenes, pero aún no son atendidas sus demandas en todas sus dimensiones.
El texto de El Surti tiene este párrafo: «Como otra medida contra el acoso callejero se lanzaron campañas dirigidas a varones como los únicos responsables de no violentar a las mujeres». Me recordó las campañas «Fiestas libres de violencias machistas» que se activan en Madrid desde 2017 durante las festividades que dan inicio al verano, y que en 2024 ofrecían puntos violeta de información y sensibilización contra la violencia sexual e información sobre la atención que se presta en los «Centros de Crisis 24 horas» municipales. Los spots audiovisuales se presentaban unas cuatro o cinco veces antes de que iniciaran los conciertos gratuitos en la Plaza Mayor. Me llamó la atención la insistencia, luego recordé el caso de La Manada en las fiestas de San Fermín o el reciente asesinato de dos niñas a manos de su padre biológico, crimen que buscaba violentar sobre todo a la madre, algo que en España se le ha denominado violencia vicaria.
Lo que propone el recorrido utópico de El Surti no es imposible ni quimérico, pero en algunos países latinoamericanos —no digamos los centroamericanos, como Guatemala específicamente— las imaginaciones no han sido restauradas después de la amputación del bienestar común. ¿Aún perseguiremos la utopía durante dos siglos más?
Quizá sea necesario que sean las mujeres quienes estén en los espacios de toma de decisión para que algunas cosas cambien. En Guatemala, desde hace veinticinco años las mujeres en su diversidad tratan de impulsar su representación en la política. A nivel de Centroamérica, Guatemala es el único país que no tiene ninguna medida para garantizar la paridad entre hombres y mujeres en puestos de toma de decisión y de cargos por elección popular.
De hecho, en Latinoamérica, sólo Guatemala no tiene medidas al respecto. Incluso Venezuela ha dado algunos pasos según el Informe sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en la República Bolivariana de Venezuela en el marco del Trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
«En Honduras hay una cuota a nivel de primarias, en El Salvador hay una cuota de participación, en Nicaragua hay una cuota. Costa Rica es uno de los mejores ejemplos porque tiene paridad, alternancia horizontal y vertical. En el caso de Guatemala, es el país de Centroamérica que menos representación de mujeres tiene en el Organismo Legislativo y a nivel de corporaciones municipales», explica Linsleyd Tillit, de la Asociación Alas de Mariposas, una de las 150 organizaciones que integran la alianza a nivel nacional Guateparitaria e Incluyente.
De acuerdo con esta alianza, «con la alternancia se busca asegurar que ni hombres ni mujeres se queden sin el derecho de participación política, de forma sucesiva e intercalada. Esto garantizaría la oportunidad real de ser incluidos en casillas elegibles en igualdad de condiciones».
El principio de paridad no funciona efectivamente si no está acompañado por el de la alternancia, explica Alejandra Cabrera, de Guateparitaria e Incluyente: «Muchas veces lo que hacen los partidos es que hablan de una voluntad política maquillada o falsa al decir que el 40%, por ejemplo, de sus candidatos, han sido mujeres; pero estas están hasta el final de las casillas. Hay distritos donde solo las primeras tres son elegibles, y otros en donde es más difícil porque se eligen solamente a uno o dos diputados».
En lo aparente se podría pensar que ya hay más mujeres en el ámbito político. Actualmente, la química bióloga Karin Herrera es vicepresidenta del país, con mucha mejor imagen y temple que la primera mujer en ese cargo (2011), Roxana Baldetti, del Partido Patriota de tendencia conservadora y liberal, quien fue condenada por casos de corrupción y que aún hoy continúa en la cárcel de Santa Teresa.
Parte de la utopía paritaria sería que las mujeres que participan en política no repitieran los mismos patrones machistas y patriarcales que destazan el erario para obtener beneficios individualistas, que consideran que ocupan pedestales inalcanzables donde olvidan por qué y para qué fueron elect@s, o nos insulten con sus videos en redes sociales para hacernos creer que están por encima de la fiscalización y la crítica ciudadana. Todos los días pagamos y mantenemos a nuestros supuestos representantes en el gobierno.
Otra utopía por perseguir es la inclusión de los pueblos indígenas. Según el análisis de Tillit, «en Guatemala conviven 24 grupos lingüísticos y cuatro pueblos: mestizo, maya, xinka y garífuna. De los pueblos originarios, las mujeres indígenas, son las que menores condiciones para la representación política ejercen». Como muestra, según el último censo y datos oficiales (2012), los pueblos indígenas constituyen el 40% de la población total de Guatemala, y en las elecciones generales de 2023, sólo una diputada indígena fue electa: la abogada maya poqomam Sonia Gutiérrez Raguay. ¿Podemos negar el racismo?
Tener calles amplias y bien iluminadas, contar con toallas sanitarias gratuitas, disfrutar de espacios públicos libres de violencia no son utopías. Son cosas obvias y posibles que los feminismos han pregonado todo el tiempo. La insistencia en reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticas (LEEP) en Guatemala es sólo el inicio. ¿Por qué negar que ya es tiempo? Si no es ahora ¿cuándo?
Y si no son ellas, ¿quiénes?
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