En la entrega anterior describí cómo las condiciones de abandono y precariedad que vivió Centroamérica durante la Colonia española hicieron que las naciones del istmo, al iniciar su vida republicana, se vieran en el reto titánico de arrancar un desarrollo para el país, sin recursos económicos; una tarea imposible, sobre todo cuando se carecen de los otros elementos necesarios en el capitalismo para acumular capital: población para la producción y mercado para el consumo.
Esa precariedad nos hizo vulnerables a las condiciones predatorias de los prestamistas europeos y norteamericanos que contaban con un exceso de recursos que buscaban colocar alrededor del mundo para multiplicarlos con intereses. Para finales del Siglo XIX y luego de décadas de luchas intestinas por decidir el mejor modelo económico para las élites del país, las condiciones del capitalismo internacional estaban prestas para la expansión colonial en la región, creando las economías de enclaves (minera y bananera) que favorecieron, sobre todo, a un sector de las élites que creció en riqueza y poder, conviviendo con el capital extranjero.
Luego la gran depresión de la década de 1930, en conjunto con los intereses geopolíticos de la Segunda Guerra Mundial, se giró la balanza del poder consolidando al sector de la élite, la cual contaba con los recursos para sobrevivir en el capitalismo de subsistencia (tierra y caudillos). Fue entonces cuando surgió lo que he llamado la Pax Cachureca.
La prolongada dictadura del doctor y general Tiburcio Carías Andino (1933-1949) coincidió, como ya resaltamos, con la crisis del capitalismo global. La Gran Depresión de 1929 —que provocó la fusión de los intereses bananeros en Honduras— y la Segunda Guerra Mundial permitieron que el país se mantuviera aislado del mundo. El sector de la élite que en décadas anteriores se favoreció con el capital transnacional de la minería y el banano ahora se vio desplazado porque Estados Unidos reorientó sus recursos a la recuperación de su económica y la Guerra.
La Pax Cachureca de Carías favoreció momentáneamente a la élite tradicional, pues el país necesitaba de los recursos de la tierra para subsistir y del control férreo de los caudillos para controlar los alzamientos de la población hambrienta. Esa paz, en cambio, terminó con la llegada al poder de Juan Manuel Gálvez en 1949, cuando Estados Unidos nuevamente cambió su estrategia para la región a una política más expansiva, modernizando las economías de Centroamérica.
Para ese proyecto usaron el recurso que las transnacionales habían formado en los países. Tanto Gálvez (1949-1954) como su sucesor, Julio Lozano Díaz (1954-1956) fueron empleados de las compañías bananeras de la costa norte. Fueron, además, los forjadores del primer sistema financiero nacional (Banco Central de Honduras y Banco Nacional de Fomento, hoy BANADESA) que le permitió a Honduras entrar, con cincuenta años de retraso, en la lógica del capitalismo del siglo XX.
Esa nueva etapa fue posible gracias a las diferencias entre las facciones de la élite durante el cariato. La presión de las compañías bananeras y el nuevo rol asumido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra impulsó la salida de Carías del poder y el ascenso del «sector reformista» del Partido Nacional. El mismo fenómeno se dio en el Partido Liberal con las pugnas entre la visión moderna de Ramón Villena Morales (presidente de Honduras desde 1957 hasta el golpe de Estado de 1963) y la visión tradicional de Modesto Rodas Alvarado.
En las facciones de las élites que describo: moderna y tradicional, no existe la frontera de los partidos. Ambas se encuentran en los dos partidos tradicionales y, como veremos en una futura entrega, incluso en las fuerzas políticas emergentes, como el Partido Libre.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, aparecen en la escena política nacional con el golpe de Estado que propinaron a Julio Lozano Díaz en 1956, el primero de muchos. A pesar de ello, dejaron el gobierno en manos Ramón Villeda Morales a cambio de la autonomía que el gobierno de este les concedió en 1957.
Pero en 1963 el propio Villeda Morales fue víctima del golpe de Estado liderado por Oswaldo López Arellano, coronel de aviación de las Fuerzas Armadas que impulsó la segunda etapa de la reforma agraria impulsada por el mismo Villeda Morales. Ambos respondían entonces a la misma facción de la élite, menos ligada a la tierra y, por lo tanto, más proclive a la reforma agraria. Ahora se sospecha incluso que, de hecho, Villeda Morales permitió el golpe de Estado en su contra para fortalecer a la élite moderna e impedir la llegada del tradicional Modesto Rodas Alvarado.
El poder de los militares duró dieciocho años en el país, con el breve gobierno civil —también derrocado militarmente— de Ramón Ernesto Cruz (1971-1972). En ese periodo el Ejército se alió abiertamente con el sector reformista del Partido Nacional y por esa razón Ricardo Zúñiga Agustinus (padre del actual subsecretario de Joe Biden en el Departamento de Estado de Estados Unidos) fue vicepresidente de cada uno de los jefes de Estado militares hasta el retorno a la democracia en 1982. Durante todos estos gobiernos del reformismo militar se favorecieron los negocios de la élite moderna, los intereses de las compañías transnacionales y de Estados Unidos.
En el período 1962-1982 se crearon también los capitales que ayudarían a conformar la modesta industrialización hondureña. Fortunas como las de Miguel Facussé Barjum, construida gracias a la quiebra de Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) —creada para desarrollar la industria nacional—, surgió gracias a su alianza con el gobierno militar.
Basta ver quiénes conformaban la Asociación para Progreso de Honduras (APROH) en la década de 1980 para saber quiénes representaban a la facción moderna de la élite nacional: Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas; Miguel Facussé Barjum, empresario del sector agroindustrial; Oswaldo Ramos Soto, abogado, rector de la UNAH y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Rafael Callejas; Bernard Cassanova; José Rafael Ferrari, dueño de Televicentro; Paul Vinelli, directivo de Banco Atlántida; Rafael Leonardo Callejas, más tarde presidente de la República; Osmond Maduro, hermano de Ricardo Maduro (presidente de Honduras 2002-2006); además de Roy Smith, Emin Abufele, Rafael Valle, Francisco Guerrero, Marcial Solís, Andrés Víctor Artiles, Matilde Manueles, Juan Marinakys, Aquiles Izaguirre, Eduardo Aragón, Armando Erazo, Emilio Larach, Armando Fuentes, Ángel Martínez Reyes, Rafael Cruz López, Israel Rodríguez y Adán Benítez.
A comienzos de esa década el gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) estuvo representado por las dos facciones de las élites. Convivían él, que era de la facción tradicional y heredero directo de Rodas Alvarado, y la APROH, un “Estado paralelo” auspiciado por la embajada estadounidense y con una marcada línea anticomunista que defendía la visión moderna del desarrollo económico.
Durante todo el siglo XX los intereses económicos del capital transnacional estadounidense beneficiaron la hegemonía de la facción moderna de la élite nacional, por ello los intereses políticos y económicos de esta facción coincidieron con los intereses imperialistas. En la década de 1990, luego del triunfo electoral de Rafael Leonardo Callejas en 1989, esa tendencia se evidenció aún más con la agenda neoliberal impulsada desde el gobierno de Ronald Reagan y George Bush padre, que ayudó al sector exportador maquilero de la costa norte, al capital financiero y al sector agroexportador ligado a la facción moderna.
Pero el poder solo sirve si se tiene y es lógico pensar que la facción tradicional de la élite, marginada del desarrollo económico, buscara nuevas formas de acumular riqueza y poder de cara a la facción adversa. Es cuando entra el narcotráfico como una oportunidad para acumular capital económico y político, algo que analizaremos en las siguiente entrega.
Ver todas las publicaciones de Óscar Estrada en (Casi) literal
