Hasta el momento hemos hablado sobre esa vieja fractura entre la clase dominante hondureña que se generó a partir del ingreso del capital transnacional que llegó con la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto en el último cuarto del siglo XIX. El capital transnacional apoyó a un sector de la élite local que llamamos facción «moderna», favoreciendo sus negocios y su acceso al poder, y desplazando al sector que hemos llamado «tradicional» de la élite hondureña.
Con la crisis mundial del capitalismo en la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, el capital transnacional replegó sus energías en recuperar la economía y ganar la guerra, lo que permitió la consolidación de la dictadura tradicional de Tiburcio Carías Andino (1933-1949) hasta que nuevamente las fuerzas económicas del imperio, fortalecido luego de la victoria en la guerra, se reacomodaron al final de la Pax Cachureca, impulsando la modernización de la economía (y el Estado hondureño) a partir del gobierno de Juan Manuel Gálvez en 1949 y toda la década de 1950. Durante las décadas de 1960 y 1970 el país fue gobernado por una prolongada dictadura militar en alianza con la élite moderna del partido nacional (Ricardo Zúñiga Agustinus fue vicepresidente de todos los gobiernos militares y el primer candidato del Partido Nacional luego del retorno a la democracia en 1982) hasta que los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, nuevamente cambiaron, alterando también el equilibro que existía entre las facciones de las élites (tradicional y moderna) y el narcotráfico en la política nacional.
El ingreso del narcotráfico en Honduras
El mercado de la cocaína tuvo su boom a partir de la década de 1970. La cultura disco heredada de la década anterior y las grandes urbes estadounidenses crearon un ambiente favorable para el consumo de la droga, aumentando la demanda y producción de cocaína en Sudamérica. Para 1980 el colombiano Pablo Escobar ya era el rey de la droga en América Latina. La forma como Escobar expandió su poder e influencia por el mundo dejó claro que el éxito del negocio de los narcóticos depende de su capacidad de general alianzas con quienes en la práctica controlan el territorio por el cual la droga necesita producirse o transitar. La mayor parte de los cargamentos viajaban entonces por rutas marítimas y aéreas sobre el Caribe. El tráfico por Honduras, que en ese momento era equivalente al más simple contrabando, era controlado por oficiales del Ejército que cobraban una coima por dejar pasar.
Los esposos Mario y Mary Ferrari (asesinados por militares en 1976) y Ramón Matta Ballesteros eran quienes fungía como enlace entre el Cartel de Medellín y el Cartel de Guadalajara; y el país apenas era una ruta secundaria de la droga.
Los narcotraficantes colombianos y mexicanos comenzaron a relacionarse con los militares en los gobiernos de los generales López, Melgar y Paz, porque ellos controlaban cada rincón del país, cada pista aérea, cada carretera y cada avenida de las principales ciudades; además, contaban con absoluta impunidad. Pero el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 y el ascenso de Ronald Reagan a la Casa Blanca cambió las reglas del juego.
Aunque la guerra contra las drogas la había declarado Richard Nixon en 1971 y Reagan la continuó tímidamente, para 1980 los intereses geoestratégicos de Washington eran otros: era más urgente derrotar la amenaza comunista en Nicaragua que impedir el tráfico de drogas a Estados Unidos. Eso, sumado a la incapacidad que el Congreso de Estados Unidos había impuesto a la Casa Blanca para iniciar cualquier intervención armada o apoyar económicamente a cualquier grupo armando en el extranjero —luego del desastroso desenlace de la guerra de Vietnam— hizo que el narcotráfico pusiera atención en el control de territorio centroamericano.
Reagan tenía las manos atadas por el Congreso y no podía usar recursos de los Estados Unidos para apoyar la lucha contra Nicaragua. Por ello recurrió a los fondos de la venta de armas a Irán (el escándalo Irán-Contras) y a recursos provenientes del tráfico de droga en México y Centroamérica. El fin justificaba los medios. Los aviones que volaban desde Honduras en una empresa propiedad de Matta Ballesteros, cargados con cocaína colombiana, eran descargados en Estados Unidos y vueltos a cargar con armamento que se había comprado con las ganancias de la venta de armas a Irán —en guerra contra Irak— para luego volar de regreso a Honduras con armas para la Contra en guerra con el sandinismo.
Durante la década de 1980 quien controlaba el territorio hondureño era la CIA. La relación entre esta organización y los carteles sudamericanos y mexicanos se evidenció en 1985 con el asesinato en México del agente de la DEA, Enrique Camarena. Testimonios desclasificados por el gobierno de Estados Unidos revelaron que el agente Camarena había descubierto un centro de entrenamiento para contras nicaragüenses en México, auspiciados por el Cartel de Guadalajara.
Los militares hondureños, apoyados por Estados Unidos, se vieron beneficiados por la guerra de Reagan en Nicaragua. El flujo de dólares sin ningún tipo de control enriqueció a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, para quienes poco importaba la Guerra Fría, como tampoco la guerra contra el narcotráfico colombiano y mexicano. De acuerdo con información desclasificada por la DEA y revelada por el periodista estadounidense Jeremías Bigwood en 1997, en la década de 1980 estaban ligados al tráfico de droga los coroneles Leónidas Torres Árias, jefe de inteligencia militar; Ramón Reyes Sánchez, director de la Penitenciaría Central; el teniente coronel Juan Ángel Barahona, jefe de la Interpol; el coronel Armando Calidonio y el oficial Carlos Coello. En ese mismo informe, la DEA señaló a los militares Juan Blas Salazar, jefe del batallón anticomunista 3-16; Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas; Humberto Regalado Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas; y José Abdenego Bueso Rosa, Guillermo Pinel Cálix, Rigoberto Regalado Lara y Thomas Said Speer como «sospechosos de estar en el asunto de las drogas o bajo su influencia».
Hemos dicho antes que las Fuerzas Armadas gobernaron durante la dictadura militar (1963-1982) en alianza con el Partido Nacional y la facción moderna de la élite; lo cierto es que esta fractura se vio, de manera un poco menos clara, al interior de las fuerzas armadas, especialmente en lo relacionado a la Reforma Agraria, uno de los proyectos emblemas de la facción moderna que fue desmantelada por el gobierno de Melgar Castro, quien gobernó en alianza con los sectores tradicionales de la élite rural. La masacre de Los Horcones (1975) jugó un rol importante en el desmantelamiento de la Reforma Agraria y esta ocurrió en la finca de don Manuel Zelaya Ordóñez.
Esto tampoco significa que solo la facción tradicional de la élite haya tenido o tenga vínculos con el narcotráfico. También hay algunos testimonios de narcotraficantes como Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien asegura que hacía uso de las plantaciones de palma africana del magnate Miguel Facusé Barjúm en el departamento de Colón para aterrizar avionetas cargadas de droga y, según el testimonio de «Pablo» (el narcotraficante que habla en el libro Tierra de narcos, cómo las mafias se apropiaron de Honduras), «es poco probable que los narcotraficantes usen la propiedad de alguien sin autorización respectiva del dueño».
En 2015 el banco Continental, de la familia Rosenthal, fue forzado a cerrar operaciones por haber servicio en el lavado de activos para el cartel de los Cachiros. Yani Rosenthal —actual candidato presidencial por el Partido Liberal— fue declarado culpable por delitos relacionados con el lavado de activos en Estados Unidos y purgó una condena de cinco años de cárcel.
Lo que estamos afirmando entonces es que, siendo el narcotráfico una fuerza económica con influencia en todos los sectores de la economía del país, ha sido en la facción tradicional en donde mejor se evidencian las alianzas, especialmente después de 1998, cuando las reglas de esta alianza volvieron a alterarse, desplazando del control del territorio a los militares hondureños y norteamericanos.
El fin de una era
1998 marcó el punto desde el cual podemos reconocer un cambio sustancial en el tráfico de drogas en el país. El caso del teniente coronel Wilfredo Leva Cabrera, asociado con el Cartel de los Licenciados (en guerra con el Cartel de los Ganaderos) fue el “fin” de la hegemonía militar en el narco y el inicio de una nueva etapa: el nacimiento de los carteles de la droga dirigidos por civiles. Leva Cabrera, acusado por el asesinato de al menos siete personas, fue capturado en Nicaragua y sentenciado a ochenta años de cárcel en 2001. Era la primera vez que un militar de alto rango era sentenciado por narcotráfico en Honduras. Su zaga la recoge el libro Tierra de narcos. Pero ¿qué cambió en el narcotráfico hondureño a partir de 1998 que terminó con la hegemonía de los militares y caudillos de la facción moderna en el control del territorio hondureño?
Para finales de la década de 1980 las Fuerzas Armadas ya habían perdido el favor de Estados Unidos. La Guerra Fría había terminado y con ella la importancia militar del país. Pero fue el huracán Mitch, que azotó el territorio hondureño en 1998 y provocó miles de millones de dólares en pérdidas, lo que terminó con la posibilidad de la facción tradicional de acumular el capital necesario para competir contra la facción moderna por el control político. En el contexto del huracán la facción moderna no se vio particularmente golpeada en su capital, pues su riqueza descansaba en la industria urbana: maquila, sector financiero, comercio y telecomunicaciones, al contrario de la élite tradicional que tenía sus capitales en la tierra y sus productos.
Debemos sumar además que la cooperación internacional asumió las demandas de los sectores populares que venían exigiendo reformas electorales desde la crisis constitucional de 1985, cuando se enfrentaron las dos facciones de la élite liberal (la facción tradicional suazocordovista/rodismo versus la facción moderna azconista/rosenthalista). Estados Unidos y la Unión Europea, a través de PNUD, impulsaron las reformas electorales que en su momento parecieron la solución a la falta de representación democrática en las estructuras políticas del país, y «terminaron» con un siglo de malas prácticas en los partidos tradicionales.
En la próxima entrega veremos cómo la crisis social y económica que abrió el huracán Mitch, sumada a las bien intencionadas reformas electorales, abrió el camino para que el narcotráfico filtrara las planillas en alianza con el sector tradicional de la élite nacional, algo que aún estamos viviendo.
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