Honduras: el cambio en las reglas en el juego del narcotráfico (IV)


Óscar Estrada_ Casi literalSi una tesis puedo afirmar en esta serie de ensayos es que quien controlaba el territorio hondureño controlaba también la entrada del narcotráfico, fueran estos militares en la década de 1970, la CIA en los 80 o civiles en los 90. Para 1998 estaba claro que las reglas habían cambiado en el narcotráfico hondureño porque el dueño del territorio había cambiado.

El huracán Mitch, que azotó Honduras en 1998 y provocó miles de millones de dólares en pérdidas, terminó con la posibilidad de la facción tradicional de acumular el capital necesario para competir contra la facción moderna por el control político del país. Esta facción moderna venía acumulando capital y poder desde mediados del siglo XX gracias a una serie de reformas estructurales de la economía que iniciaron con el gobierno de Gálvez y se renovaron con Callejas. En el contexto del huracán la facción moderna no se vio particularmente golpeada en su capital. Su riqueza descansaba más en la industria urbana beneficiada con las políticas neoliberales del gobierno de Reagan: maquila, sector financiero, comercio y telecomunicaciones, al contrario de la élite tradicional que tenía sus capitales en la tierra y sus productos afectados por el huracán.

A esta crisis sumémosle las reformas electorales demandadas por la sociedad civil desde la crisis constitucional de 1985, cuando se enfrentaron las dos facciones de la élite liberal (la facción tradicional suazo-cordovista/rodismo versus la facción moderna azconista/rosenthalista) que marcó también un punto de giro en ese juego político. Estados Unidos, a través de su influencia, impulsó las reformas electorales que «terminaron» con un siglo de práctica en los partidos tradicionales: hasta ese momento las planillas de alcaldes y diputados eran arrastradas por la papeleta presidencial. Quien controlaba la presidencia (de la República o del partido) controlaba también a sus representantes en las alcaldías y en el Congreso Nacional; y así se garantizaba el flujo del poder.

Al abrirse la papeleta al voto con fotografía en las elecciones de 2005 —como ocurriera en México a inicios de aquella década, cuando el PRI fue desplazado del poder luego de 75 años de hegemonía—, se hirió el poder que las élites hondureñas tenían sobre sus partidos. Ya no era necesario el favor del caudillo para acceder a estructuras de poder (alcaldes y diputados), pues bastaba con el capital necesario para la campaña. Los narcotraficantes, antes dependientes del favor de los caudillos que les permitían funcionar a cambio de una cuota de las ganancias, ya no necesitaban llegar a un acuerdo con los políticos para acceder al poder, pues ellos podían ser el poder.

En la elección de 2002 Ricardo Maduro venció a Rafael Pineda Ponce, impulsando las políticas neoliberales que este había iniciado desde su gestión como jefe de gabinete y presidente del Banco Central en el gobierno de Rafael Callejas. Era la continuación de la política económica de Suazo Córdova continuada por Azcona, Callejas, Reina y Flores; políticas neoliberales que incluían el desmantelamiento del estado de bienestar a favor de la libre empresa que favorecía, sobre todo, al capital transnacional y sus aliados locales.

La caída del Wilfredo Leva Cabrera en 1998 hizo evidente que los militares habían perdido la hegemonía del territorio nacional. En occidente comenzaron a aparecer figuras como Arnulfo Valle Valle, ligado a los carteles mexicanos; en San Pedro Sula surgió José Pineda Duarte, el «Paico», ligado a Castaños Gil y a los paramilitares colombianos; en Colón surgió Aníbal Echeverria Ramos, «Coque», ligado a las FARC, asesinado en 2004 tras una tenaz persecución de los Cachiros para hacerse con su reinado.

Un ejemplo de esa relación entre narcotraficantes y políticos de la facción tradicional lo vemos en Coque, que cuando recibió su primer atentado en 2003 estaba en compañía de su novia, Margarita Lobo, sobrina de Porfirio Lobo Sosa, entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras. Es frecuente leer en el testimonio de varios de los narcotraficantes apresados en Estados Unidos la cercanía de Coque con Ramón Lobo Sosa, hermano mayor del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien ha sido amigo de narcotraficantes desde la década de 1980, cuando controlaba el negocio el también olanchano Ramón Matta Ballesteros, con asistencia directa de los militares. La relación entre Margarita Lobo, hija de Ramón Lobo Sosa, con Aníbal Echeverría Ramos, capo y señor indiscutible de la droga en Colón hasta su caída en 2004, muestra un vínculo estrecho y directo de la familia Lobo con el comercio de la droga.

Esa alianza de facción de clase con capitales oscuros se hizo evidente en la selección del presidente del Congreso Nacional en 2002, cuando se creía que el presidente del Congreso sería Rodolfo Irías Navas, figura clave del callejismo, pero esta recayó finalmente y luego de intensos cabildeos en Porfirio Lobo Sosa, un aliado necesario en el financiamiento de la campaña, y quien pasó de ser gerente de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) en 1994 a diputado en 1998 y presidente del Congreso Nacional en 2002.

El dinero del narcotráfico en Honduras hizo que la facción tradicional ascendiera al poder sobre la facción moderna a partir de las elecciones de 2001, con la llegada de Pepe Lobo a la presidencia del Congreso Nacional.

Si vemos el mapa político del país, quienes han gobernado Honduras a partir de 2006 han sido presidentes alejados de los centros de poder de la facción moderna: Mel Zelaya y Pepe Lobo de Olancho, Juan Orlando Hernández de Gracias a Dios, con el breve paso de Micheletti Baín de Yoro.

La consecuencia no esperada de la estrategia del imperio

Estados Unidos cambió su estrategia de lucha contra el narcotráfico en México a partir de 2004. Durante el gobierno de Vicente Fox comenzaron a elaborarse acciones que luego implementó Felipe Calderón con la Iniciativa Mérida. Los carteles mexicanos que conocían de cerca la estrategia de Estados Unidos —copia directa del Plan Colombia— comprendieron la urgencia de expandir su territorio de influencia a Centroamérica, desplazando momentáneamente su centro de operaciones a la ciudad de San Pedro Sula (en Honduras) y a Guatemala. Pero también necesitaban un acuerdo con el poder político centroamericano y vieron el escenario de reformas electorales impulsado por Estados Unidos como favorable para sus objetivos.

Desde 2006 fueron frecuentes las denuncias en la prensa (controlada por la facción moderna) que vinculaban al presidente Manuel Zelaya Rosales con el narcotráfico. Diariamente se enumeraban las avionetas que caían en el país con matrícula venezolana como prueba que ligaba a los gobiernos de Hugo Chávez y Manuel Zelaya con el tráfico de droga. Manuel Zelaya, un liberal terrateniente que se impuso a la facción moderna de su partido, financió su campaña en parte con los fondos que le facilitó el narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, «Don H», según testimonios del mismo narcotraficante en las cortes de Nueva York; mismo que aseguró haber entregado dos millones de dólares para la campaña de 2005.

El contrincante de Mel Zelaya para esas elecciones fue el nacionalista Porfirio Lobo Sosa, vinculado con los Rivera Maradiaga, herederos del cartel de Aníbal Echeverría Ramos. Pero esos vínculos no habrían pasado de lo anecdótico, aceptado como normal en la política local, de no haber ocurrido el más grave error de cálculos que ha cometido la facción moderna en su disputa con la facción tradicional: hablo del golpe de Estado de 2009 que sacudió el tablero político de manera irreversible. De eso hablaremos en la última entrega de esta serie.

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