No cabe duda de que en la sociedad hondureña prevalecen, de manera sólida, los prejuicios sobre la sexualidad y ―más aún― sobre quienes han elegido ejercerla de manera libre. A los hombres y mujeres se nos mide con distinta vara. Las mujeres son llamadas «putas» y los hombres «muy hombres».
Que una mujer vista con escotes, minifaldas, camisas de tirantes, pantalones ajustados, etcétera, no debe tomarse como pretexto ni justificación para una agresión sexual.
Decir que una mujer tiene la culpa de haber sido violada sexualmente por su forma de vestir o por aceptar departir antes con el violador es producto de la sociedad machista y le da al agresor un motivo para empoderarse y no sentirse culpable.
La violación es la mayor vejación que puede ejercer un ser humano sobre otro. He tenido un sinnúmero de oportunidades de escuchar a hombres diciendo que cuando una mujer dice que no, quiere decir que sí y que solo pretende hacerse la difícil e interesante. Si ya de por sí es grave tener conocimiento de casos de violencia sexual hacia mujeres y niñas en Honduras y todo el mundo, resulta devastador escuchar comentarios que justifican estas agresiones culpándolas a ellas, ya sea por su forma «provocadora» de vestir, o bien, por su conducta «poco apropiada» al salir de noche y beber, entre otras presuntas razones que justifican y validan las agresiones y los actos que cometen los agresores (cuando el único responsable es quien comete el crimen).
Asimismo, es indignante cuando nos enteramos de que ellas acuden al sistema judicial buscando protección, justicia y reparación, y lo único que encuentran son decisiones judiciales basadas en prejuicios, mitos y estereotipos que les trasladan la responsabilidad de lo sucedido. Esto continúa sucediendo en distintos países del mundo ya que sin importar los diversos sistemas políticos o tradiciones seguimos teniendo conocimiento de decisiones judiciales que en lugar de proteger los derechos de las mujeres van en contra de ellos.
Estamos tan mal que cuando se hace denuncia con motivo de una agresión sexual la víctima termina enfrentándose a una contrademanda por difamación (en Honduras le pasó a Gladis Lanza y tantas otras mujeres). Las autoridades y los sistemas de justicia no pueden trasladar la responsabilidad a las víctimas y sobrevivientes de las distintas manifestaciones de las violencias machistas, ya que esto se traduce en impunidad y, a la larga, en más violencia.
Las personas que intervienen en estos casos deberían tener una formación adecuada en donde se aplique una perspectiva de género y se identifiquen las ideas preconcebidas sobre «cómo debe ser una víctima ideal» para desmontar los mitos, estereotipos y prejuicios que impiden el acceso de las mujeres a la justicia.
También es importante que como sociedad tomemos conciencia de lo que ocasionan las ideas que culpan a las víctimas y justifican a los agresores, ya que estas no deben ser minimizadas; no son simples palabras o ideas, sino consecuencias brutales que motiva un imaginario social negativo que impide que avancemos hacia la igualdad de género.
A pesar de las alarmantes cifras de femicidios, violaciones sexuales y todo tipo de agresión que sufren las mujeres hondureñas, el gobierno y sus entidades siguen hablando de crímenes pasionales; insisten en que son conflictos relacionados con el narcotráfico y otros tipos de crimen organizado, mintiendo y negando así la raíz del problema: una sociedad patriarcal que solo nos ha dejado como consecuencia la discriminación, la misoginia y la violencia. Si queremos construir un mundo más humano es importante sensibilizar y socializar estos temas y respetar el empoderamiento y emancipación femenina.
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¿Quién es Linda María Ordóñez?