Quiero hablar sobre lo que ocurre en Costa Rica. Me refiero a las últimas iniciativas de nuestro actual presidente, don Rodrigo Chaves. Pero antes quiero hacer una breve mención al nacimiento de nuestra forma política: la república democrática.
La primera democracia occidental fue la ateniense. Atenas era una potencia naval y su poder dependía entonces de los remeros de sus naves: el pueblo. Para que se identificaran con la potencia para la cual remaban y así poder contar con su lealtad en las guerras, se los declaró ciudadanos, con voz y voto en las asambleas.
Roma nunca fue una democracia, sino una república oligárquica. La República se caracterizaba por la división de poderes: en el Senado mandaban los nobles, en las asambleas del pueblo la plebe y los soldados. Los cónsules eran elegidos cada primero de enero. Los tribunos de la plebe tenían como deber defender el pueblo y eran sacrosantos; o sea, intocables. Los oradores en el Foro defendían distintas causas, en realidad eran abogados. Incluso había mujeres abogadas, como Caya Afrania.
Volviendo a nuestra época, los costarricenses siempre hemos tenido confianza en nuestra democracia, o al menos ha sido así desde el fin de nuestra corta guerra civil en 1948. Pero el actual presidente, don Rodrigo Chaves, está proponiendo una ley —la llamada «Ley Jaguar»— que eliminaría el sistema de pesos y contrapesos de nuestra República. En primer lugar —y esto es probablemente lo más peligroso— le quita a la Contraloría General de la República la potestad de garantizar la legalidad de los controles internos del gobierno y la legalidad del manejo de los fondos públicos. Cito al escritor Rodolfo Arias Formoso en un artículo publicado en redes sociales: La Ley Jaguar y el desguace del orden público.
Dice la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo 12, primer párrafo:
«La Contraloría General de la República es es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley. Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan».
En contraste, dice la Ley Jaguar de Chaves en la modificación que él propone de este artículo:
«La contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, NO PODRÁ sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa».
Como vemos, al quitarle su poder a la Contraloría General de la República, esta modificación busca dejar a la administración pública con el derecho a hacer lo que le venga en gana. Se pierde el sistema de pesos y contrapesos que es garante de nuestra democracia.
De aprobarse la llamada Ley Jaguar pasaremos, sin necesidad de dar un golpe de estado (que no podemos dar, pues Costa Rica abolió el ejército en 1949), de tener una república democrática a vivir bajo el mando de una administración pública sin frenos, sin controles y sin auditorías a priori ni a posteriori, capaz de hacer cualquier cosa sin que pueda ser frenada.
La aprobación de esta Ley Jaguar depende de un referendo que ya se está preparando. Y yo me digo: si los costarricenses fueron capaces de elegir a Rodrigo Chaves por puro deseo de un cambio, ¿serán capaces de aprobar esta Ley Jaguar mediante referendo para ver qué cambia en sus vidas?
[Foto de portada para fines ilustrativos: Rodrigo Chaves, tomada por Johanfred Bonilla (Casa Presidencial de Costa Rica)]
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