La lista Engels y la estrategia de Washington para enfrentar la crisis migratoria


Óscar Estrada_ Casi literalEl gobierno de Estados Unidos publicó el pasado 1 de julio una lista de personas involucradas en actos que, según se indica, «socavan los procesos o instituciones democráticos, [han participado] en corrupción significativa u obstrucción de las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador». Esta lista, conocida en la prensa como lista Engels —esperada por la oposición política en los países del Triángulo Norte como si de cosa juzgada se tratara— constituye el recordatorio de la importancia que las distintas misiones de combate a la corrupción juegan para los intereses estadounidenses.

Es importante remarcar que a diferencia de otras listas publicadas en el pasado (en donde se repiten algunos de los mencionados), el valor que Estados Unidos da a los procesos llevados a cabo para socavar las instituciones democráticas y obstrucción en los procesos de investigación, en la lista Engels cobran mayor importancia.

Según afirma el documento, «la corrupción corroe la confianza pública; obstaculiza la gobernanza eficaz; distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios; socava los esfuerzos de desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración; y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o los oligarcas desobedecen el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma».

La lista Engels reconoce que un socio importante para los corruptos son los políticos que socavan las instituciones democráticas, como en el caso de El Salvador, donde el cambio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General se hizo con el propósito de evitar investigaciones al gobierno actual.

La corrupción ha sido un problema endémico en nuestros países y en gran medida la causa del estancamiento y retroceso en las modestas victorias democráticas que hemos tenido. Estados Unidos, protegiendo los intereses de sus empresas transnacionales, ha contribuido a lo largo del siglo XX a que este problema tenga hoy la magnitud endémica que enfrentamos. Con ese conocimiento el gobierno de Obama estableció una estrategia para atacar la corrupción, buscando a corto plazo resolver la crisis migratoria en su frontera sur. Luego el gobierno de Trump dio un giro de timón en su estrategia (a una no-estrategia) que hizo fracasar las misiones; y ahora, en la nueva administración Biden, el tema vuelve a tomar fuerza.

La crisis migratoria no se resuelve en la frontera sur de Estados Unidos y el gobierno de Biden comprende que no podrá hacer nada para atender esa crisis mientras nuestros países permanezcan secuestrados por bandas delincuenciales de corruptos y sus cómplices necesarios.

Pero ahora los corruptos, aferrados al poder como último barco salvavidas, cuentan con la experiencia de saber que no pueden confiar en las misiones de combate a la corrupción, por muy modestas que estas parezcan. Todos los mencionados en la lista Engels (o una gran mayoría de ellos) son personas que fueron investigados y/o contaron con procesos judiciales durante el breve período de las misiones. La gran mayoría de ellos también fueron absueltos por los distintos tribunales que controlan o, como en el caso de El Salvador, sus investigaciones fueron abandonadas por la nueva fiscalía y la corte suprema nombrada Ad Hoc por el presidente Bukele, que vio que la CICIES daría pie a crisis futuras en un gobierno que busca mantenerse durante varios períodos.

Estados Unidos, que por ley debe reconocer la presunción de inocencia a la hora de nombrar actores en un delito (en los casos de corrupción por lo menos, pues el narcotráfico es otra historia), recurre a los procesos ya expuestos por los tribunales en los países centroamericanos y a investigaciones de las misiones que fueron bloqueadas por las autoridades judiciales, con fines de impunidad, para construir esta lista. No puede, no tiene facultad legal para nombrar personas que no han recibido un proceso, aunque sus nombres aparezcan en todas las portadas de la región, como es el caso de varios políticos mencionados en temas de narcotráfico y corrupción.

Y, como los tribunales seguirán a merced de las bandas criminales que controlan nuestros países, Estados Unidos, que urge dar respuesta a la crisis migratoria antes de las elecciones de 2024, apuesta ahora a una nueva misión extraterritorial para el Triángulo Norte. La lista Engels es parte de ese proceso de garrote y zanahoria del gobierno norteamericano. Toca esperar y ver si la presión diplomática ha funcionado para fortalecer las fiscalías en la lucha contra la corrupción o, como en el caso de El Salvador, ver si hace que los gobiernos se alejen aún más de Washington.

Aquí los mencionados en la lista Engels:

EL SALVADOR

  • Walter René Araujo Morales, exmiembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar reiteradamente a los candidatos políticos.
  • Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para su beneficio personal.
  • Conan Tonathiu Castro Ramírez, actual Asesor Legal del Presidente Bukele, socavó los procesos o instituciones democráticos al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general.
  • Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o las instituciones democráticas en sus esfuerzos por dañar a sus oponentes políticos.
  • Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y director de Prisiones, se ha involucrado en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato.
  • José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, incurrió en corrupción significativa durante su mandato a través del soborno. También participó en un plan de blanqueo de capitales.
  • Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, incurrió en una corrupción significativa al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.
  • José Aquiles Enrique Rais López se involucró en una corrupción significativa y socavó los procesos o las instituciones democráticas al sobornar a los funcionarios públicos.
  • Martha Carolina Recinos de Bernal, actual jefa de gabinete, se involucró en una corrupción significativa al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un importante plan de blanqueo de capitales.
  • Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, obstruyó las investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.
  • Othon Sigfrido Reyes Morales, exlegislador del partido FMLN de El Salvador, incurrió en importantes actos de corrupción durante su mandato a través de fraude y malversación de fondos públicos.
  • Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad y Justicia, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para beneficio personal.
  • Adolfo Salume Artinano se involucró en una corrupción significativa y socavó los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa.
  • Luis Guillermo Wellman Carpio, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, socavó los procesos o las instituciones democráticas al provocar retrasos graves e innecesarios en los preparativos electorales y la tabulación de resultados para su beneficio personal y permitiendo la influencia maligna de los chinos durante las elecciones salvadoreñas.

GUATEMALA

  • Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial guatemalteco, incurrió en una corrupción significativa al facilitar pagos a representantes del Congreso y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala con el fin de influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados ante la CSJ y la Corte de Justicia de Guatemala. Apela y asegura su futura liberación de prisión y el sobreseimiento de los cargos de corrupción. Está designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky y la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
  • Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso de Guatemala, se ha involucrado en una corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses. Está designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky y la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
  • Delia Bac Alvarado, ex representante del Congreso, participó en una corrupción significativa a través de su mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa.
  • Florencio Carrascoza Gámez, actual alcalde de Joyabaj, socavó procesos o instituciones democráticas al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos.
  • Álvaro Colom Caballeros, expresidente de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa cuando participó en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala conocido como Transurbano.
  • Manuel Duarte Barrera, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para los cargos de la alta corte.
  • Boris Roberto España Cáceres, actual representante del Congreso de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa cuando participó en el tráfico de influencias y el soborno.
  • Mario Amílcar Estrada Orellana, exrepresentante del Congreso, participó en una corrupción significativa y fue sentenciado por tribunales estadounidenses por buscar millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar campañas políticas.
  • Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo, intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
  • Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG FCT, intentó retrasar u obstaculizar procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales, así como el trabajo de la Fiscalía Especial. Oficina Contra la Impunidad (FECI).
  • Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y ex miembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, socavó los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para los cargos de la alta corte.
  • Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operativo político y empresario, socavó procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de alta corte.
  • Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG FCT, intentó retrasar u obstruir los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
  • Mynor Mauricio Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional del país, socavó procesos o instituciones y se involucró en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión legal favorable.
  • Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, incurrió en una corrupción significativa cuando participó en sobornos y financiamiento electoral ilegal, y en el lavado de activos de la corrupción para beneficio personal. Está designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
  • Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, incurrió en corrupción significativa cuando participó en esquemas de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, cobraba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales.
  • Blanca Aida Stalling Dávila, ex jueza de la Corte Suprema, incurrió en actos de corrupción importantes al participar en esquemas de soborno e influir de manera inapropiada en el poder judicial. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa.
  • Élder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura, participó en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal.
  • Jorge Estuardo Vargas Morales, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias.
  • Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actualmente en la Corte Suprema, ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para cargos de tribunales superiores.

HONDURAS

  • Gustavo Alberto Pérez, actual representante del Congreso, se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar US $800,000.00 de varias agencias gubernamentales.
  • Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de INVEST-H, se involucró en una corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
  • Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, se involucró en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos.
  • Augusto Domingo Cruz Asensio, excongresista, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos del programa de empleo público «Generación» a cuentas personales.
  • José Celin Discua Elvir, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
  • Rodolfo Irias Navas, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
  • Eleazar Alexander Juárez Sarabia, ex miembro del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle a sus cuentas personales.
  • José Porfirio Pepe” Lobo Sosa, ex presidente de Honduras, participó en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.
  • Gladys Aurora López, miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, participó en una corrupción significativa. Fue acusada en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar US $800,000.00 de varias agencias gubernamentales.
  • Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual representante del Congreso involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción de Pandora MACCIH en junio de 2018 por malversación de US $12,5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas en beneficio personal.
  • Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su papel de secretaria del Congreso.
  • Óscar Nájera, actual representante del Congreso, participó en una corrupción significativa relacionada con la organización de narcotráfico Cachiros. Fue designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
  • Héctor Enrique Padilla Hernández, ex miembro del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos en su departamento natal de Choluteca a sus cuentas personales.
  • Milton Jesús Puerto Oseguera, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar US $800,000.00 de varias agencias gubernamentales.
  • Audelia Rodríguez Rodrigo, actual miembro del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos a sus cuentas personales.
  • Dennys Antonio Sánchez Fernández, actual miembro del Congreso, participó en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento local de Santa Bárbara a sus cuentas personales.
  • Elvin Ernesto Santos Ordóñez, actual representante en el Congreso, incurrió en una importante corrupción cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
  • Juan Carlos Valenzuela Molina, actual diputado en el Congreso, Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar US $800,000.00 de varias agencias gubernamentales.
  • Elden Vásquez, actual representante del Congreso, se involucró en una corrupción significativa a través de la apropiación indebida de US $12.5 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas en su beneficio personal. Fue acusado formalmente en el caso de corrupción investigado por Pandora MACCIH en junio de 2018.
  • Welsy Milena Vásquez López, actual representante del Congreso, participó en actos de corrupción importantes, incluida la malversación y apropiación indebida de fondos públicos para beneficio personal. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MACCIH por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
  • Román Villeda Aguilar, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones por corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban bajo investigación por redireccionar dinero a una ONG falsa.

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