El caso ya sonó con bastante fuerza en importantes medios de comunicación de América Latina y Europa, pero para quien todavía no lo sepa, describo brevemente el escenario: Imelda Cortez fue víctima de violencia sexual sistemática desde los 12 años. El agresor fue su padrastro, Pablo Henríquez, quien actualmente tiene 70 años (esta no es una especulación: una prueba de ADN confirmó que Henríquez es el agresor). El 17 de abril de 2017 Imelda experimentó un parto extrahospitalario, desde entonces está privada de libertad. La acusaron de tentativa de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida, que sigue con vida. Henríquez es el padre de la recién nacida, eso también lo comprobó la prueba de ADN.
Como si a la situación de Imelda le hicieran falta más problemas, el 12 de noviembre de 2018 el Tribunal de Sentencia de Usulután reprogramó el juicio para un mes después porque la fiscal Bernarda Marisol Cáceres de Roque, quien lleva el caso, avisó la misma mañana que tenía faringoamigdalitis y que no podría asistir. Así, sin constancia médica por parte de la fiscal Cáceres ni ninguna otra garantía, el Estado recetó un mes más de prisión para Imelda.
Según el Informe Hechos de violencia contra las mujeres El Salvador 2016-2017, en casos de abuso sexual la mayoría de las veces el victimario es una persona conocida o familiar. Para las víctimas de violencia (hombres o mujeres), el lugar más peligroso es el hogar. Le siguen de cerca el transporte público y los establecimientos comerciales.
2017 fue un año oscuro para El Salvador: registró un alza en la tasa de violencia sexual contra las mujeres, sumando 175.3 por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en la más alta de los últimos tres años. Solo el año pasado, 6,108 mujeres y niñas denunciaron los abusos. Faltaría ver cómo han estado esos índices en este año.
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Suriname forman parte de la lista de países que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto nos lleva a pensar: ¿cuántas Imeldas hay diseminadas por toda Centroamérica? El Estado absolutista, el que no da pie para discutir libre y abiertamente sobre este tipo de realidades, se desvirtúa por completo y en vez de defender la dignidad y la vida humana por sobre cualquier cosa, cae en graves violaciones a los Derechos Humanos.
El gobierno de Nicaragua prohibió sin excepciones el aborto en 2006, y en 2017 el Congreso Nacional de Honduras ratificó el aborto como un delito penalizado con cárcel sin importar las causas o razones por las que se lleve a cabo.
En El Salvador, se ha comprobado científicamente que Imelda fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro y, sin embargo, sigue detenida, sin ningún tipo de tratamiento médico o psicológico. Por otro lado, la investigación contra su violador se retrasó porque la Fiscalía no aceptaba el testimonio de Imelda como válido, llegando incluso a oponerse a las investigaciones que confirmaron su declaración.
¿Qué más se necesita para comenzar un debate serio, científico, ético y moral sobre la despenalización del aborto? ¿Cuántas Imeldas más harán falta para que los Estados reconozcan que su actividad principal es la protección de la vida humana en todas sus variantes?
De ser declarada culpable, Imelda Cortez enfrentaría una condena de veinte años de cárcel. Según la organización Las 17, el de Imelda es solo uno de los veintisiete casos de mujeres que están en prisión y han sido criminalizadas por tener emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios. Curiosamente, las veintisiete tienen en común ser jóvenes y vivir en condición de pobreza.
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