En Guatemala carecemos de muchos datos, cifras que las instituciones no son capaces de registrar, analizar o interpretar. En cada nota periodística que lleve números se sabe —y los mismos funcionarios lo confirman— que existen subregistros: eso que no se apunta por ningún lado pero que responde a casos, personas y realidades que existen, ya sea en temas salud, seguridad, cultura o economía.
Por ejemplo, en España y México hay estadísticas sobre qué hace la población en su tiempo de ocio y hay estimaciones del consumo de productos culturales, como los libros. En Guatemala se podrían sacar algunas cuentas, pero no hay nadie que lo esté haciendo. En esos países hay museos en muchas variantes y archivos de varios tipos que se protegen y a los que se destina inversión porque resguardan parte importante de la historia de esas sociedades.
«Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado», se afirma en La Declaración Universal sobre los Archivos, creada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y adoptada por la Unesco en París, el 10 de noviembre de 2011.
«Lo que está registrado es la punta de iceberg», afirma Daniel Baczay, quien trabajó durante tres años en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) en Guatemala. «Este archivo es el conjunto de documentos que iban y venían a lo interno de la institución —desde su creación en 1881 hasta 1997—, principalmente en dos direcciones. Jerárquicamente desde arriba para abajo: instrucciones, y jerárquicamente de abajo para arriba: reportes, informes, partes policiales en todas sus facetas».
Todo ese papeleo entreteje y puede generar historias y posibilidades infinitas, afirma la investigadora María José Pérez Sián, «desde una institución que marcó y atravesó, al igual que la familia y la Iglesia, a la sociedad guatemalteca». La Policía Nacional construyó categorías como la de enemigos internos para vigilar y controlar a las personas, lo cual era su principal objetivo.
Además de aportar pruebas contundentes para las cortes guatemaltecas en casos de graves crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por altos mandos militares y policiales durante el conflicto armado interno (CAI) —motivo por el cual el Ministerio de Gobernación quiere reducir su funcionamiento al mínimo y restringir el acceso a esa información pública—, Baczay asegura que hay muchas otras facetas del AHPN. «Hay material para historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos, activistas, incluso para arquitectos». Mientras lo escucho, pienso que también puede ser una fuente adicional para artistas visuales, escritores o músicos.
En ello coincide Juan Pablo Muñoz Elías, investigador en temas relacionados con justicia y derechos humanos: «De forma indirecta, la documentación de la Policía, institución presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de la población, narra un sinnúmero de historias de las y los guatemaltecos: costumbres morales, percepciones sobre la política y los políticos, prácticas sociales, usos y vestimenta, formas de ocio y de celebrar, ejercicio de la sexualidad, dinámicas familiares, trabajo, conflictos locales, hábitos de consumo, etcétera».
Según el investigador, en la documentación del AHPN se puede encontrar información valiosa para reconstruir la identidad —o más bien las identidades— de las y los guatemaltecos desde una perspectiva política, económica y cultural. Muñoz Elías afirma que una de las características bien marcadas de la Policía era su verticalidad: «No era un espacio que privilegiara el respeto a la persona (al contrario, fomentaba su desprecio), sino el respeto a la autoridad, sin cuestionar su origen y su legalidad misma». Algo que seguramente se relaciona con las formas de convivencia social actuales.
«Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida», agrega la Declaración Universal sobre los Archivos.
Lastimosamente, el Ministerio de Cultura, que asumió desde el 1 de julio el financiamiento, resguardo y manejo del AHPN, se inclina más al lado del Ministerio de Gobernación y no tiene noción de lo que significa acceso a la información, promover la democracia ni que los ciudadanos guatemaltecos y de cualquier parte del mundo tengamos derecho a conocer esa parte de la historia.
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