La CCSS de Costa Rica al borde del abismo


Durante los casi catorce años que viví en Francia, en algún periodo gobernó el país Valéry Giscard d’Estaing. Recuerdo que durante su mandato circuló la noticia de un supuesto mensaje que él envió a todos los ciudadanos: «Franceses y francesas, estamos al borde del abismo. Por favor, den un paso adelante».

Esta historia vuelve a mi recuerdo cuando en diarios de Costa Rica leo sobre las pésimas listas de espera a  las que los ciudadanos deben enfrentarse en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS, por sus siglas); o cuando una persona me cuenta, por ejemplo, que tiene un tumor maligno y que dependiendo de los hospitales de la CCSS debe esperar cinco años para que le realicen una operación. Obviamente, tratándose de un tumor maligno, esa persona ya no vivirá ni la mitad de esos cinco años.

Veamos la historia. En 1941 —un año significativo— se aprobó la ley que estableció los seguros sociales en Costa Rica y creó la Caja Costarricense del Seguro Social como institución semiautónoma encargada de promoverlos y administrarlos. El Partido Comunista Costarricense se fundó en 1931 y su accionar en defensa de los trabajadores fue incesante y efectivo. En 1940 fue elegido presidente el socialcristiano Rafael Ángel Calderón Guardia y el Partido Comunista —luego llamado Partido Vanguardia Popular— hizo una alianza con el recién elegido presidente y fue entonces como, a instancias de los comunistas, se aprobaron reformas importantes para proteger a todos los costarricenses, como el Código de Trabajo o la mencionada CCSS, tema de este artículo.

Los comunistas y el doctor Calderón Guardia quisieron levantar una estructura socioeconómica capaz de proteger integralmente a la totalidad de la población costarricense con servicios médicos y hospitalarios para todos los habitantes del país. La reforma de 1943 le otorgó autonomía a la institución. En 1947 se creó el «seguro de invalidez, vejez y muerte». Así continuó funcionando la Caja sin mayores cambios hasta que en 1973 se le traspasaron todos los hospitales que estaban bajo la administración del Ministerio de Salud y en 1975 se extendió el «seguro de invalidez, vejez y muerte» a los trabajadores agrícolas, y la institución se hizo cargo del sistema de pensiones del régimen no contributivo con el fin de dar protección a las personas de más bajos recursos.

Indudablemente las reformas de los llamados «calderocomunistas» que fueron mantenidas por el partido Liberación Nacional —ganador de la Guerra Civil de 1948— han sido uno de los pilares más importantes para la paz social y el bienestar socioeconómico de Costa Rica. Y dentro de esas reformas, la CCSS ha sido, en mi opinión, la más importante.

Sin embargo, la vida de la institución fue difícil casi desde el principio. El Estado y los empresarios deben pagar la contribución que le da la capacidad de brindar los servicios que la salud de los habitantes requiere. Y ahí es donde ha estado el principal problema: tanto el Estado como los empresarios se atrasan en sus pagos a la CCSS o, peor aún: simplemente no los hacen.

Fue, sin embargo, a partir del segundo gobierno de Óscar Arias que la institución entró en verdadera crisis, pues además de no recibir la contribución económica del Estado y de los empresarios con la regularidad necesaria, se tomaron una serie de medidas que perjudicaron a la institución, como por ejemplo contratar personal superfluo para cuyo pago no había recursos suficientes, o pasar el instrumental quirúrgico a hospitales privados —y todo lo que conlleva la idea neoliberal de que la medicina debe ser privada—, por lo que el pueblo trabajador quedó excluido.

Esto no presagia nada bueno para el futuro de Costa Rica, pues se acabaría la paz social que el país, a pesar de los gobiernos neoliberales, todavía disfruta.

¿Qué tan mal está la CCSS en Costa Rica como para que un enfermo terminal tenga que morir antes que recibir una operación que le salve la vida? ¿Quiénes son los que se atrasan con los pagos que mantienen el buen funcionamiento de la institución?

Ojalá desde el Estado y el sector empresarial hubiera alguien capaz de dar un paso al frente para aclarar estas interrogantes a la ciudadanía y que la CCSS no caiga al abismo.

[Foto de portada: propiedad de globetreckimages]

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