La raíz de la palabra política viene del griego polis, que puede traducirse como ciudad. Apegándonos al significado de ciudad que se desprende del sistema de organización social griego de ciudades-estado, podemos concluir que la política es la representación de la ciudadanía. En la actualidad la ciudadanía puede definirse, desde el derecho, como una condición que poseen los integrantes de la población de un país, la cual les permite gozar de todos sus derechos y deberes políticos.
De manera que, desde este punto de vista, la política debería representar a todos los grupos que componen la ciudadanía; sin embargo, en Centroamérica aún existe un déficit de representatividad: el de las mujeres.
Este año hubo elecciones en El Salvador y en Guatemala. En el primero, las elecciones presidenciales se vieron disputadas por cuatro candidatos y ni una candidata. A pesar de que las mujeres salvadoreñas conforman más del 50% de la población nacional, en la Asamblea Legislativa tienen apenas una representación del 30%, mientras que el nuevo gabinete ejecutivo (el más incluyente hasta la fecha) tiene un 43% de cargos ocupados por mujeres.
En Guatemala, de 19 candidatos presidenciales, solo 7 fueron mujeres y en el Congreso Nacional saliente apenas llegan a una representación del 13.9%, aunque las mujeres guatemaltecas constituían en 2017 el 50.7% de la población. En Honduras, luego de las elecciones de 2017, la representación de las mujeres en el Congreso Nacional alcanzó apenas el 20%, con una reducción significativa de participación en la junta directiva de ese poder del Estado, mientras que el gabinete del Poder Ejecutivo cuenta con una representación del 29.2% de mujeres en cargos titulares.
A lo largo de la historia la lucha por la participación política de las mujeres en Centroamérica ha sido ardua, y no comenzó a alcanzar frutos sino hasta el siglo XX. El Salvador otorgó el derecho al voto a las mujeres en 1939, aunque la escritora y activista Prudencia Ayala se lanzó a la presidencia de ese país nueve años antes.
Guatemala permitió el derecho al voto de «las mujeres letradas» en 1945 y tardó veinte años en eliminar la restricción. En Honduras, el jefe de Estado, Julio Lozano Díaz, ratificó en 1955 el derecho al voto de las mujeres hondureñas, ante las presiones de diversas organizaciones de mujeres que exigían participación política. Sin embargo, el derecho al voto no fue garantía de que esa participación política que exigían las mujeres se respetara de manera integral, por lo que diferentes colectivos de mujeres dentro y fuera de las instituciones partidarias continuaron haciendo el esfuerzo para acercarse cada vez más a una situación de paridad que todavía no se logra en los países del Triángulo Norte.
¿Por qué las mujeres centroamericanas no se encuentran suficientemente representadas en los poderes del Estado? Hay consideraciones puntuales a tomar en cuenta; por ejemplo, que no se apliquen —por parte de los organismos que rigen los procesos electorales en la región— los mecanismos que incentivan la paridad electoral, los filtros en las dirigencias partidarias que limitan el rango de acción de las mujeres políticas dentro de estas instituciones y una clara falta de consecuencias debidamente reglamentadas en las leyes electorales para los partidos políticos y candidatos que incurran en delitos de violencia política contra las mujeres.
Sumado a esto, los medios de comunicación juegan un rol vital para realzar, fustigar o invisibilizar los liderazgos de las mujeres, sea en el ámbito de la política partidaria o en el papel de protagonistas de cambios sociales y económicos. Todo esto constituye un problema sociocultural de discriminación de género que puede solventarse únicamente a través de la conciencia y la educación.
Al final, la falta de representatividad de las mujeres en cargos políticos no es un problema de las mujeres, sino más bien, en palabras de la politóloga Flavia Freidenberg, «un problema de democracia». Una democracia no puede ser fuerte cuando excluye sectores de la población. Es necesario tomar conciencia de que la participación de las mujeres es vital para tener gobiernos y sistemas democráticos fuertes.
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