Desde hace un mes Honduras se ha sumergido en una lucha sin precedentes. Salud y educación han estrechado sus lazos en una cruzada histórica para garantizar el último eslabón que aún queda: una diezmada gratuidad en la prestación de estos servicios. El presidente de la República, en consejo de ministros, ha decretado un estado de emergencia que justifica la creación de comisiones interventoras en salud y educación para su «transformación» y «modernización». A quienes formamos parte del proceso educativo nos ha causado sorpresa que las históricas carencias en salud y educación repentinamente sean tema de importancia para el gobierno, a tal grado de elevarlas a la categoría de «emergencia nacional» cuando paradójicamente, en los últimos años, el Estado se había esforzado más bien por hacer visibles sus «logros» en materia educativa.
En 2010, se inició la «gran reforma educativa» a través de la cual se impulsó la Ley Fundamental de Educación, con sus 27 reglamentos. Se implementaron quince nuevas carreras de nivel medio, lo que significó un cambio radical en el sistema. La modalidad de enseñanza anual pasó a ser semestral y contenidos que se estudiaban durante un año pasaron a abordarse en un semestre. Confundieron cantidad con calidad, así que se aseguraron de llenar de contenidos las mallas curriculares volviendo la enseñanza una labor apoteósica. El cambio a la modalidad semestral también implicó un cambio de asignaturas que llevan a los padres/madres de familia a realizar gastos extras. Las clases que se reprueban en el primer semestre deben ser repetidas mediante el programa TPA, «Todos Podemos Avanzar». Claro, pueden avanzar todos los que tengan la posibilidad económica de pagar el monto que se cobra por cada asignatura, pero los que no tienen el dinero, pues es simple: no avanzan.
Mediante acuerdos ministeriales, la secretaría de educación impuso de forma unilateral a los 60 mil docentes del país cómo debían ser evaluadas todas las clases y de qué manera se iba a distribuir la calificación dentro de cada asignatura, cambiando completamente la forma de evaluación. Esto cercenó de manera directa la libertad de cátedra y permitió homologar asignaturas que eran diametralmente opuestas: enseñar inglés, matemáticas y música no es igual que enseñar ciencias, deporte o gramática; en consecuencia, sus evaluaciones tampoco pueden ser iguales.
El gobierno de la República ha presumido con orgullo que bajo su mandato se han logrado impartir más de doscientos días de clases. Se obligó a los docentes a realizar periódicamente concursos de transparencia, anticorrupción, recreovías y ni qué decir de la fuerte campaña contra el Zika. ¿Resultados? Pese al aumento de los días en las aulas, las pruebas estandarizadas no reflejan ninguna mejora sustancial después de diez años. Por más que a los jóvenes se les imponga dibujar, nuestras estadísticas en corrupción y falta de transparencia siguen dando vergüenza. No importa que lluevan a mares las fotos donde los jóvenes hacen murales sobre el Zika. A pesar de que es una enfermedad 100% prevenible, aún sigue diezmando a nuestra golpeada población mientras que la ola de violencia crece sin precedentes, por más que obliguemos a los jóvenes a jugar y socializar en las recreovías. Tristemente, ninguna de las medidas impuestas por el Estado en el sector educativo parece surtir efecto. Parecen no entender que las imposiciones nunca funcionan.
No le importó al Gobierno de Honduras precarizar y llevar a las peores condiciones laborales a sus docentes, cuando desde 2011 solo ha hecho efectivo un aumento salarial mientras que la canasta básica se eleva a niveles inimaginables cada año. Desde 2014 se dejaron de nombrar nuevos maestros de forma permanente y se abandonó la creación de nuevas plazas. Todos los docentes que hoy laboran lo hacen por contrato, sin derechos laborales y sin ningún tipo de beneficios. Ahogaron económicamente a los colegios magisteriales al quitar la deducción automática que cada docente aportaba a su organización sindical, descapitalizándolas y debilitándolas.
Lejos de acercar al gremio magisterial para iniciar un diálogo que procurara la mejora del sistema educativo, con la declaratoria de emergencia del año 2011 se criminalizó el derecho a la protesta y se hicieron efectivas las suspensiones y la persecución selectiva para varios compañeros y compañeras docentes. En los últimos nueve años se ha agraviado y maltratado tanto la profesión docente, que ni siquiera al final de nuestras carreras aspiramos a tener una salida digna: en la nueva ley de retiro impulsada en 2011 se establece que los docentes deberemos laborar hasta los 69 años para poder pensionarnos.
Se ha disminuido significativamente la inversión correspondiente a educación y salud del presupuesto general de la República. Según información proporcionada por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), en 2010, para el sector educativo, este porcentaje ascendía al 18.06%, cuando el país tenía una población de 8 millones 185 mil habitantes y para este 2019 ese porcentaje se redujo a 11.43%, siendo la población actual de 9 millones 272 mil personas. ¿Dónde están las nuevas escuelas, las nuevas plazas, los nuevos docentes para hacer frente a este crecimiento poblacional de más un millón de ciudadanos en los últimos 9 años? ¿Por qué si la población ha aumentado el presupuesto correspondiente a salud y educación no ha aumentado proporcionalmente? ¿Qué pensaban las autoridades cuando cerraron los programas de matrícula gratis, merienda escolar, bono de transporte y becas estudiantiles?
Finalmente, el artículo 9 de la ley de contratación del Estado dice claramente cuándo debe emitirse una declaratoria de un estado de emergencia: «Cuando ocurran situaciones de emergencia causada por desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades en la defensa, o relacionadas con estados de excepción u otras circunstancias excepcionales, que afectaren sustancialmente la continuidad o prestación oportuna de servicios públicos…»
Ejemplos de esto fueron el huracán Mitch en 1998 o el golpe de Estado en 2009. Si bien es cierto que la crisis en educación y salud existe, ésta tiene una evolución histórica que ha sido progresiva. Lamentablemente, la historia reciente nos demuestra que crear decretos de emergencia y de comisiones especiales no es más que inventarse nombres artificiales para disfrazar lo que con el paso del tiempo se vuelve palpable: procesos privatizadores que perjudican al más pobre y benefician al más rico.
Las declaratorias de emergencia rara vez han servido para mejorar algún servicio y la creación de comisiones de alto nivel tan solo han sido útiles para maquillar y volver operativas las medidas que harán efectivo el traslado de lo público al sector privado (recordar caso Hondutel y ENEE, por citar dos ejemplos).
El artículo 9 continúa: «…podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o servicios, o la prestación de servicios de consultoría que fuesen estrictamente necesarios sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias sin perjuicio de las funciones de fiscalización». Muchas de las compras que ha realizado el gobierno (veáse caso IHSS, para no olvidar) vienen de contrataciones directas que en muchos casos se justificaron mediante «declaratorias de emergencia», porque sin ellas el Estado se vería obligado a seguir los procedimientos administrativos establecidos en la normativa legal vigente. Para un gobierno con altos niveles de corrupción e impunidad como el nuestro, esas son «piedras en los zapatos» que los decretos de emergencia ayudan a quitar.
El presidente Juan Orlando Hernández ha expresado tácitamente que «No hay intención de privatizar, ni de hacer despidos masivos» y que, por el contrario, «se requieren de más médicos y maestros para dirigirnos hacia donde “debemos ir”». La misma persona que dijo que no se reelegiría hoy nos dice que no habrá privatización, después de haber concesionado a empresas privadas la luz, el agua, los ríos, la tierra y hasta las calles en las que circulamos. Es cierto que la palabra «privatización» no está expresada literalmente, pero las evidencias concretas están allí y la población las conoce porque las sufre cada día.
El gobierno de la República reformó e hizo lo que quiso durante los últimos nueve años con el sistema educativo. ¿Y con qué salen hoy? Con que hay una crisis sin precedentes. Deberían reconocer también que ninguna de las reformas impulsadas durante los últimos años ayudó a mejorar esta crisis, sino que, al contrario, la agudizaron.
Si existiera voluntad genuina, la resolución del problema es simple: primero, bastaría con dar efectivo cumplimiento a toda la normativa legal vigente relacionada con educación y salud; y segundo, priorizar a estos dos sectores dentro del presupuesto general de la República. Dos acciones que mostrarían intención sincera de resolver.
Las calles han dejado un claro mensaje las últimas semanas: no creemos en decretos ni en declaraciones de emergencia demagógicas, pues eso no sirve para recuperar el sistema de educación y salud que el mismo gobierno ha lacerado con sus políticas groseras. Hoy, la inconformidad acumulada en el grito popular demuestra que el pueblo hondureño se está aventurando en una gesta histórica sin precedentes que podría llegar a tener repercusiones inimaginables.
Y es que nunca se sabe de dónde saldrá la llama que haga encender la caldera. La historia no se escribe hacia el futuro y hace ratos el pueblo hondureño entendió que esta lucha no es solo de médicos o maestros. Es una genuina lucha popular.
La pregunta obligada que nos compete a todos es: ¿De qué manera sumaremos? ¿O solo nos dedicaremos a ver cómo miles de hermanas y hermanos ofrecen con dignidad todo cuanto tienen para procurar liberarnos de las cadenas que nos oprimen? La respuesta es suya, querido lector, y la historia es de todos. Ojalá la escribamos de la mejor manera.
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¿Quién es Lahura Emilia Vásquez Gaitán?
