En noviembre de 2018 se abrieron nuevamente las puertas de la Catedral de Panamá luego de un par de años de trabajos de remodelación y que costaron al Estado la modestísima suma de $12 millones de dólares. Esta apertura fue muy breve y sirvió solo de adelanto para la jubilosa consagración del altar de esta iglesia como parte de las actividades del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud el mes pasado.
Como consumidor borreguero de malles insípidos y edificios inteligentes, el brillante y moderno espacio que ha reemplazado el muy colonial estilo original de la Catedral es absolutely fabulous. Pero, como ciudadano interesado que no tiene acceso a los documentos que por ley deberían estar disponibles para evaluar el uso de nuestros fondos colectivos, debo hacer cinco preguntas a nuestro excelentísimo señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá, que con gran orgullo impulsó este proyecto eclesiástico.
Uno. Si el terreno donde se ubica la Catedral se traspasó a manos de la Arquidiócesis de Panamá en 2013, ¿podía legalmente el gobierno invertir directamente en este proyecto? Mejor dicho, ¿se pueden lanzar licitaciones públicas y usar fondos públicos directamente en la remodelación de un edificio privado? Hago la pregunta porque si la ambición de la Arquidiócesis es jugar Monopoly y quedarse con todas las casitas verdes y hoteles rojos del tablero, entonces, ¿para qué necesitan que el contribuyente invierta directamente en incrementar o mantener el valor de sus inversiones inmobiliarias?
Dos. Si el proceso de licitación de este proyecto tenía por título «restauración», entonces, ¿por qué añadieron pantallas de televisión en cada columna de la iglesia? ¿A qué se debe el nuevo piso, absolutely fabulous, que parece un tablero de ajedrez y reemplaza el piso original de ladrillo de arcilla? ¿Realmente se necesita aire acondicionado en una Catedral? Obviamente no se realizó una restauración, sino una remodelación. Mi vena post-colonialista aplaude cualquier proyecto tan disruptivo como este. Pero, según entiendo como ciudadano —y pueda que esté equivocado—, esto va en contra de las normas de preservación histórica de nuestro país. Si el gobierno decidió ir en contra de estas normas, ¿cuáles son las justificaciones históricas, legales o de bienestar social? Si no las hay, ¿quién debe responder por esta violación a las normas? Hago la pregunta como un ciudadano que está convencido de que las reglas, normas y leyes no están allí para ser violadas, sino para facilitar el bienestar y la justicia social.
Tres. A principios de 2018 circuló una nota firmada por la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura de Panamá donde se aclaraba que no habían autorizado la entrega al señor Ricardo Gago de tres campanas, dos esferas de cemento original de la fachada y dos pilas de agua bendita que se encontraban en la Catedral Metropolitana. Para los que no lo conozcan, el Señor Gago se ha posicionado como el alma detrás de este proyecto de remodelación, haciendo el cabildeo y creando alianzas con el sector privado, público y la sociedad civil con el fin de que estos trabajos vieran la luz. Como no tengo acceso actualizado a la información que como ciudadano debo tener sobre el inventario de bienes públicos, tengo que preguntar, ¿ya se devolvieron estos bienes al Estado? ¡Oh! Disculpe, señor presidente, ya me acordé: esos bienes son privados, de la Arquidiócesis, luego de que en 2013 ellos recibieran el terreno en el cual está la iglesia donde reposaban esas campanas, esferas y pilas de agua bendita. Pero entonces queda la pregunta: si los terrenos donde se ubica esta iglesia se traspasaron a manos privadas, ¿podía legalmente el gobierno invertir directamente en la remodelación de la Catedral?
Cuatro. ¿Qué pasó en realidad con el caso Zubillaga? Según leo en los periódicos, el consorcio que ganó la licitación para esta remodelación lo hizo gracias al conocimiento y experiencia en restauración de catedrales de la compañía Zubillaga de España. Eso no lo digo yo: las cortes españolas así lo determinaron; pero antes de comenzar el proyecto la compañía fue misteriosamente reemplazada por otros restauradores con menos conocimientos sobre el tema, sin recibir un solo centavo. Como resultado, la compañía Zubillaga —que había invertido decenas de miles de dólares en horas de trabajo y envío de material de España a Panamá— se fue a la quiebra dejando desempleados a por lo menos 23 personas. En España, las cortes no tardaron en fallar a favor de los afectados por este cambio. ¿Cómo quedó ese caso en Panamá?
Por último. La Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal nos dice que proyectos públicos de este monto requieren estudios de factibilidad. O sea, cuando a usted, excelentísimo señor, se le ocurre una brillante idea sobre cómo invertir nuestros fondos colectivos, entre uno de los filtros que debe pasar tanta brillantez se encuentra un análisis de los costos en efectivo, en deuda y de oportunidad del proyecto. De igual modo se deben estimar los posibles beneficios para los ciudadanos y, si los beneficios exceden los costos, entonces el proyecto sería factible. Ahora bien, según entiendo —quizá me equivoco— tal estudio jamás se realizó, pero mi pregunta como ciudadano, señor presidente, es: ¿realmente valió la pena?
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Valiente Javier, Te aplaudo por ese planteamiento-denuncia que en su momento escribí desde mi Facebook esta torpeza e ingenuidad del ciudadano Presidente. Pido permiso para poder difundir tu escrito, créeme que hay gente esperando un linchamiento al ungido y filántropo del Opus Dei…si ese mismo , el que se comía la marihuana en los altos de Betania. Saludos!