Un confuso despertar (III): ¿Soluciones viables?


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No las hay, al menos, no en el corto plazo. Prohibiendo el patrocinio de capital privado a los partidos políticos no se solventa la cuestión: solo facilita que siga ocurriendo en secreto. Mientras la población mestiza no haga también suyas las demandas del campesinado indígena, es imposible que hayan cambios sustanciales. La oligarquía podrá deponer funcionarios públicos, pero eso no resuelve la desigualdad.

Como siempre, quienes más cerca están de llegar a un punto resolutivo son los jóvenes. Programas implementados recientemente como «Cuarto Mundo», «Iniciativa 58», «Tengo algo que dar» y «Un techo para mi país» han contribuido a que los jóvenes de áreas urbanas y de clase media reconocieran las condiciones de extrema pobreza en que viven los guatemaltecos del área rural, creando una conciencia de nación capaz de superar las divisiones de clase. De hecho, en las manifestaciones recientes, en muchas de las consignas se podía identificar algunas de las frases de motivación utilizadas durante estas campañas. Ahora debemos pasar de la euforia y el optimismo inicial al compromiso y la estrategia.

Siempre se ha dicho que el pilar principal de una nación está en la formación de sus ciudadanos, pero desde hace ya más de quince años el estado no ha hecho más que vulnerar nuestra educación. Los programas impulsados desde el gobierno, curiosamente impulsados por organizaciones internacionales, han  bajado el nivel educativo. Hoy en día se ha eliminado de los pensum educativos materias perfectamente funcionales como «Educación Agropecuaria» y «Salud y seguridad». En su lugar, hoy tenemos «Cultura tributaria» y «Religión». Es evidente que al estado le interesa más tener contribuyentes fanáticos antes que ciudadanos capaces. Es de reconocerse, pese a la débil incidencia de cobertura que ha tenido, el esfuerzo por fomentar la educación bilingüe y la lucha contra la discriminación. Sin embargo, esta es una lucha que corresponde a cada una de las etnias que convivimos en éste país, y no algo que se pueda promover desde el estado. La formación moral y cívica debe estar encaminada al respeto mutuo antes que el culto a una patria cada vez más débil frente a las intromisiones exteriores.

La permanente crisis de salud en la que vive el estado bien podría solventarse con un programa educativo que retomase la «Salud y Seguridad», dirigida a enseñarle a todos, desde la primaria, la forma en que funciona su cuerpo, las medicinas naturales de uso demostrado y prácticas de prevención en salud; pero esto requiere un programa continuo cuyos frutos no podrían verse sino después de otros veinte años.

Desde que Guatemala aceptó participar del TLC, el empresariado local se ha visto lentamente desplazado por las empresas transnacionales; pero no es sobornando al estado para obtener privilegios arancelarios como saldrán de la crisis. Lo que necesitamos es un estado fuerte, capaz de cumplir con la función de regular las importaciones en vez de aceptar pasivamente las normas impuestas por los consorcios multinacionales. Si en principio se dijo a los empresarios nacionales que era una oportunidad de incursionar en un mayor mercado, lo que no se dijo es que la aceptación de normas internacionales implicaba una inversión que pocos podían efectuar. La «calidad total» es un concepto que debería servir para obligar a las empresas a ofrecer productos útiles y duraderos al consumidor, no una estrategia de mercado para subir el precio de objetos y materias primas que pronto pueden acabar en la basura. Si hay un poder que sí está en manos de todos está en el consumo consciente; ¿por qué habremos de quejarnos del poder que pueden alcanzar las multinacionales, si continuamos comprando sus productos?

Por otra parte, la protección de recursos naturales es un tema todavía más difícil. ¿Qué estrategias pueden plantearse desde la población afectada, cuando la capacidad bélica de Estados Unidos y del mismo Estado de Guatemala está empeñada en afianzar el establecimiento de petroleras, minas e hidroeléctricas? Implementar leyes que aumenten las regalías que dichas empresas dejan al país, exigir estudios de impacto ambiental y proporcionar un marco legal a las comunidades para que decidan sobre la implementación de estos proyectos, son algunas de las estrategias planteadas; pero si el mismo estado es incapaz de proteger los intereses de la gente que lo conforma, corresponde a cada una de las poblaciones afectadas estrechar vínculos a nivel regional para generar medidas de presión.

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